El conflicto entre la empresa minera Elevado Gold S.A. y la Comunidad
Indígena de Peñas Negras en la puna catamarqueña, ha llegado a su punto
más álgido en estos últimos días. Desde hace meses la empresa minera, con la
complicidad del gobierno provincial y la fiscalía de Belén, trata de ingresar al
territorio comunitario para llevar a cabo estudios de prospección sin el
consentimiento de la Comunidad, lo que ha generado múltiples hechos de
violencia en los que los derechos indígenas están siendo vulnerados. Entre los
últimos hechos que se registran, la empresa habría preparado una expedición
integrada no sólo por geólogos sino también por efectivos de la policía
provincial, en la que habrían tratado de subir al cerro sin ser vistos, pero
habrían sido interceptados por las familias comuneras, que desde hace más de
10 días están haciendo guardia frente al campamento minero defendiendo su
territorio.
El conflicto, decía, lleva meses y
se va agudizando cada vez más, sin que
el gobierno provincial haya tomado
cartas en el asunto para garantizar que
se resguarden los derechos indígenas
que están siendo abiertamente
desconocidos. Al contrario, la posición
del gobierno, como ha sostenido el
mismo ministro de gobierno Jorge
Moreno en mesa de diálogo con las
autoridades indígenas durante la
Asamblea de la Unión de Pueblos de la
Nación Diaguita de Belén y Tinogasta
(UPNDByT) el pasado 28 de mayo, es
que los estudios de exploración tienen
que poder hacerse “para después hacer
la consulta” y que lo que hay es “un
problema de información”, que la
“minería no es incompatible con el
modo de vida de las comunidades
indígenas”. De hecho, ya unas semanas
antes, el 13 de mayo, la Comunidad
Indígena de Peñas Negras había
presentado a través de su abogada
Andrea Morales Leanza un escrito al
ministro de minería Ing. Marcelo
Murúa Palacio, con copia al
gobernador, solicitando la revocación
del permiso que el gobierno concediera
a las empresas mineras Millaray S.A.
(concesionaria) y Elevado Gold S.A.
(operador) a través de resoluciones
ministeriales con fecha del 16/2/2022,
otorgando la “ampliación de plazos
para la realización de actividades
prospectivas no invasivas en el área del
Proyecto Minero Alto del Mulato”,
observando que no se estaba
respetando el “derecho constitucional a
la consulta previa, libre e informada” y
que se estaban violando también “los
derechos constitucionales a la vida y a
la salud y a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida”. Petición que a la fecha no tuvo
respuesta alguna, ni por parte del
Ministerio de Minería ni de la Casa de
Gobierno. De hecho, en otra Asamblea
de la Unión Diaguita que tuvo lugar
hace ya más de un año, en reunión con
la Secretaria de Desarrollo Minero, la
Ing. Olga Teresita Regalado, que llegó a
la región a tratar de obtener el “aval
social” para la empresa minera, las
autoridades indígenas le respondieron
que “el extractivismo minero es
incompatible con la cría de la
hacienda y que no se permiten
actividades mineras en territorios
indígenas” (Acta Nº 8 del Libro de
Actas de la UPNDByT, con fecha del
20/3/2021 y rubricada por esta misma
funcionaria). No obstante lo cual, la
empresa minera prosigió
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introduciéndose en territorio indígena,
con la complicidad del gobierno,
desatando un conflicto interno en la
Comunidad Indígena de Aguas
Calientes que llevaría a la fisión de la
misma, separándose de ella todas las
familias comuneras que habitan los
cerros donde se localiza el pedimento
minero y dando lugar a la nueva
Comunidad Indígena de Peñas Negras.
Lo que llevó a nuevas situaciones de
violencia, en los que los representantes
de la empresa Elevado Gold, Jorge
Granillo, Bernardo Perisek y un tal
Mario “el Chileno”, en complot con
Honorato Casimiro, Cacique de
Comunidad Indígena de Aguas
Calientes, y con la familia Pachado, la
familia terrateniente de la región (y
sobre la que pesan múltiples denuncias
y acusaciones por violaciones a los
derechos civiles de los pobladores),
tratan de ingresar por la fuerza una y
otra vez al territorio de la nueva
comunidad, hostigando y amenazando
con “hacer detener” a las familias
comuneras que allí habitan, según
consta en la denuncia hecha ante
fiscalía de Belén por el Cacique de la
Comunidad Indígena de Peñas Negras,
Sebastián Gutiérrez, los primeros días
de diciembre del año pasado (Expte.
Letra G 030/21). Pese a lo cual, la fiscal
de Belén, Marina Villagra, ordena la
detención del Cacique Sebastián
Gutiérrez el día 9/12/2021 por
supuestas amenazas a los
representantes de la empresa,
imputándolo penalmente, y no sólo a él
sino también a otras mujeres de la
Comunidad que cerraron el paso a los
mineros y también a otras Caciques de
la región que detuvieron las
camionetas mineras en sus territorios
comunitarios, criminalizando la justa
defensa que hacían de sus territorios.
Por otro lado, a la fecha la fiscal
Villagra ha ordenado ninguna medida
precautoria a pesar de a la denuncia
hecha por el Cacique Sebastián
Gutiérrez en el mes de septiembre, ni
tampoco a la ampliación de la denuncia
hecha en el pasado mes de febrero ante
los nuevos hechos de violencia
generados por la empresa que continuó
todos estos meses tratando de ingresar
por la fuerza al territorio. Cabe
observar, en este sentido, que el
gobernador de la provincia, el Lic. Raúl
Jalil estuvo al corriente de esta
situación; no sólo a través de los
comunicados de la Unión, sino
también a través de comunicaciones
personales de los Caciques con su
persona y también a través del
vicegobernador Rubén Dusso. De
hecho, la visita del ministro de
gobierno Jorge Moreno al paraje de
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Ciénaga Redonda, territorio de la
Comunidad de Peñas Negras, tiene
lugar a raíz de una audiencia que días
antes habrían tenido los Caciques con
él y el gobernador en Casa de
Gobierno, tras una manifestación
durante el acto del día 23 de mayo, en
el que el gobernador invitaba a
funcionarios y a los Caciques que están
a favor de la minería a la presentación
el proyecto minero Alto El Mulato,
pese a estar sabiendo de que el
proyecto no contaba con el
consentimiento de la Comunidad de
Peñas Negras. Con lo cual, la
Comunidad no sólo ha venido siendo
objeto de violencia por parte de la
empresa minera, sino también por
parte del Gobierno y de la Fiscal que
desconocen abiertamente los derechos
de los pueblos originarios y actúan a
favor de los intereses de la empresa y
que pareciera ser también los suyos
propios. Asimismo, en una reunión que
los Caciques de la Unión Diaguita y la
Comunidad Indígena de Jasimaná de
Salta con el Ministro de Seguridad, Dr.
Gustavo Aguirre y el Jefe de Policía, el
Comisario General Ángel Agüero, el
pasado 4 de abril, en el que éstos
denuncian al Ministro el proceder de la
policía provincial, en el que efectivos
policiales se valen de su poder de
representación simbólica de la ley para
hostigar y amedrentar junto a los
representantes de la empresa minera a
las familias comuneras, a lo que
responde que el Ministro, que de ser
así se trata de un “procedimiento
irregular” y que los policías estarían
actuando por fuera de sus facultades de
no existir una orden judicial y que se
iba abrir una investigación de los
hechos, de la que, por otro lado, la
Comunidad no ha tenido noticias.
En fin, este ha tratado de ser un
relato muy resumido de los hechos
detrás de los últimos hechos acaecidos
en Peñas Negras, en el que las familias
comuneras resisten en lo alto de los
cerros, haciendo guardia frente al
campamento minero y sin que ninguna
institución del Estado provincial vele
por sus derechos: en una palabra,
pareciera que el Estado catamarqueño
ha puesto a la Constitución y las Leyes
por debajo del Código de Minería,
deviniendo un Estado minero,
convirtiendo a Catamarca en una
“Catamarca minera”, haciendo de la
minería ya no una actividad económica
sino un destino manifiesto al que
tienen que sujetarse nuestras
poblaciones y territorios. Le dejo la
palabra a Martín, comunero de la
Comunidad de Peñas Negras: “…nos
sentimos mal que el gobierno
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desconozca que nosotros como
comuneros estamos defendiendo
nuestros derechos, nuestros recursos,
no sé por qué el Gobierno no nos
escucha, por qué nos toma como que
no somos nada, como que no
existimos… (…) Queremos que la
empresa minera se vaya, por favor lo
pedimos, que se vayan urgente, ya
hace seis meses que vivimos mal, muy
mal. Queremos que el gobierno nos
defienda, duele tanto que el gobierno
esté a la contra de nosotros,
comuneros de Peñas Negras, es triste
lo que estamos viviendo desde hace
seis meses”.
Gustavo Pisani
18 de junio de 2022
